Las medidas impuestas por el Gobierno a las empresas proveedoras de servicio de telecomunicaciones representan un serio desafío para las mismas, no solo por el sacrificio económico sino por las logísticas que deben desplegar para mantener en los contratos de servicio prepago.El experto en asuntos de tecnología y telecomunicaciones, Hiddekel Morrison, aseguró que en los clientes con facturas las prestadoras no tendrán pérdidas inmediatas ya que solo se trata de flexibilizar el tiempo para realizar los pagos sin hacer cortes ni hacer cargos por mora, sin embargo, en los clientes prepago las empresas tendrán que incurrir en un esfuerzo económico que no está estimado porque va a depender del tipo de plan que tengan y de la cantidad de prepago que existen.
Esta situación con el servicio prepago, a juicio de Morrison, va a requerir una replanificación financiera en las prestadoras de servicio de telecomunicaciones y dijo que es importante que se entienda lo estratégico que las mismas toen las previsiones de redimensionamiento de sus redes para adecuar las capacidades a la demanda actual, sobre todo, en la red móvil.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel), a febrero 2020, el país contaba con 9,012,192 líneas activas en telefonía móvil, unos 6,652,254 en modo prepago y 2,359,938 con post-pago o pago con factura. De estas líneas, 5,395,604 pertenecen a proveedora Claro, 3,070,656 a Altice y 545,932 a la empresa Trilogy Dominicana (Viva).
Morrison estima que en el país existen ocho millones de usuarios de internet distribuidos en las distintas empresas, o sea, un 75% de la población consolidada. "Los clientes que son post-pago o con facturas van a continuar mensualmente pagando su servicio" afirmó indicando que con estos las empresas no tendrán pérdidas inmediatas, sino que lo que se pueda dar es retraso en el pago de factura.
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Carlos Fernandez
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